MiLLares
Vista aérea de la zona de ‘El Arco’
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Brígida ha aprobado en la mañana del miércoles 16, el expediente de legalización de diez de las trece viviendas de la promoción El Arco, ubicadas junto a la carretera que conduce a La Atalaya. La aprobación incluye algunas exigencias a sus propietarios, y establece que las tres construcciones restantes de esta pieza urbanística quedan pendientes del proyecto de reforma que han de presentar. Se da el caso de que los/as propietarios/as de estas 13 construcciones han sufrido durante 22 años un calvario judicial en el que se produjo la anulación de la licencia de obras de esta promoción que pudo acarrear el pago por parte del Ayuntamiento de indemnizaciones a sus propietarios.
La licencia de obras para la construcción de esas 13 viviendas unifamiliares, distribuidas en hilera en la parte izquierda de la urbanización (mirando hacia La Isleta), fue concedida por el Ayuntamiento siendo alcalde de la villa Manuel Galindo. La licencia fue concedida en 1995, tras lo cual un grupo de residentes, que habían reclamado al Consistorio que cada una de esas 13 nuevas viviendas aportara 41,34 metros cuadrados a la urbanización para incrementar en la proporción necesaria la superficie viaria, recurrieron la desestimación de esa solicitud ante el TSJC, que desestimó su recurso en 1998. Acudieron entonces al Supremo, que el 23 de septiembre de 2002 estimó ese recurso de casación y anuló la sentencia anterior.
La construcción de esos 13 chalés con jardín, uno aislado y otros 12 pareados, se hizo sobre una parcela de unos 11000 metros cuadrados de suelo y fue promovida por la entidad Pedregal del Lago Sociedad Limitada.
La licencia de obras estaba afectada por el Plan Especial del Paisaje Protegido de Tafira, de 1999, que reconocía la pieza en Suelo Urbano, pero el Tribunal Supremo advertía que no era Suelo Urbano Consolidado por la falta de servicios que contempla dicha categorización. No obstante, ya se habían construido las 13 edificaciones. En 2009 se aprueba un nuevo Plan Especial del Paisaje Protegido que es anulado en 2013, por lo que vuelve desde entonces a estar vigente el Plan Especial de 1999, situación que ha sido reconocida por la Sala del Supremo, por la que se cambia el criterio y se permite dar licencia a las construcciones, con la salvedad de unos muros de separación que han de corregirse, así como el retranqueo de tres de las edificaciones, según el expediente llevado a la Junta de Gobierno por los servicios de Urbanismo y que casi resuelve definitivamente este procedimiento y aclara el futuro de las construccines afectadas.
De hecho, la Sala de lo Contencioso Administrativo ha impuesto una premura para resolver este asunto, por lo que el departamento de Urbanismo del consistorio satauteño ha elevado a la Junta de Gobierno Local la legalización solicitada en los términos descritos en el informe técnico-jurídico de revalidación de la licencia urbanística (LU 276/95), posponiendo para acuerdo posterior lo que resulte de los proyectos pendientes de tramitación para las tres viviendas que cuentan con el incumplimiento de la Ordenanza que hace imposible su legalización en este acto.
