El Ayuntamiento de Santa Brígida, a través de la Concejalía de Servicios Sociales que dirige Carlos Carrión, pone en marcha un proyecto piloto de intervención comunitaria, que ha demostrado ser especialmente eficaz en municipios pequeños y medianos de diferentes territorios del país.
Carlos Carrión, concejal de Servicios Sociales, ha señalado: «Es un proyecto que puede transformar la relación entre ciudadanía y administración así como la forma en que nos percibimos mutuamente. Todos y todas seremos protagonistas de los avances que logremos y de la mejora de los barrios desde la visión de los vecinos y vecinas, y con la colaboración del Ayuntamiento».
El plan, denominado La Comunidad nos Une, comenzará a implementarse en los barrios de La Atalaya y Pino Santo abriendo un diálogo que permita reflexionar sobre quiénes son hoy estos barrios y hacia dónde quieren avanzar. El servicio ha sido adjudicado a la Fundación Canaria Universitaria de Las Palmas, a través del Grupo de Cooperación Universitaria para la Educación Global.

Análisis social del territorio
Uno de los ejes transversales del proyecto es trabajar junto a la ciudadanía y los profesionales de ambos barrios en la puesta en valor del patrimonio cultural, histórico y ambiental de dos zonas de gran relevancia para el municipio y para la isla de Gran Canaria, reconociendo sus señas de identidad, los cambios que se están produciendo y la necesidad de transitar de forma compartida entre la conservación y refuerzo de una identidad construida en el tiempo.
Asimismo, el proyecto busca avanzar en la modernización de los Servicios Sociales de Atención Primaria del municipio. Para ello se desarrollarán acciones de mapeo de activos comunitarios, un diagnóstico participativo de necesidades y potencialidades, así como una planificación que permita priorizar retos y definir proyectos concretos para mejorar la calidad de vida en ambos barrios.

La Comunidad nos Une combina el rigor académico y la experiencia en intervención social de la ULPGC con el compromiso del Ayuntamiento por acercar los servicios sociales al territorio, reforzar el tejido asociativo y promover respuestas más preventivas, participativas e inclusivas. El proyecto contempla, además, un acompañamiento técnico continuado y una evaluación final, con el objetivo de que la experiencia pueda servir de referencia para futuras actuaciones comunitarias en el municipio.
Financiado con cargo a la partida municipal Estudios y Trabajos Técnicos del presupuesto vigente, su ejecución se enmarca en lo establecido por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, en materia de contratos menores, y por la Ley 16/2019 de Servicios Sociales de Canarias, que refuerza el papel de la prevención, la inclusión social y el diagnóstico participativo dentro de los servicios sociales comunitarios.
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