El Pleno aprueba acuerdos en vivienda, medio ambiente, urbanismo y deportes

El Pleno del Ayuntamiento de Santa Brígida celebró el pasado jueves, 29 de mayo, una sesión ordinaria en la que se abordaron diversos asuntos de interés municipal, con importantes acuerdos adoptados en materia de vivienda, medio ambiente y urbanismo.

Se aprobó la Segunda Adenda al Convenio del Consorcio de Viviendas de Gran Canaria, que supone una prórroga de dos años del convenio vigente, y tiene como objeto la gestión de ayudas destinadas a obras de reparación de primera necesidad, mejora de la accesibilidad y eliminación de barreras físicas o de comunicación.

También se dio luz verde a la adhesión a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, con el objetivo de reforzar la colaboración en labores de inspección, supervisión y sanción de infracciones urbanísticas y medioambientales, especialmente en suelos rústicos sin ordenación detallada.

Además, se aprobó la modificación del Programa Insular de Desarrollo Socioeconómico de Gran Canaria, sustituyendo las actuaciones previstas para 2026 y 2027 —relativas a un nuevo parque municipal— por la reforma del equipamiento estructurante-1 -Gran Canaria Central-.

También se dio luz verde a la cesión de uso de las Estaciones de Recarga de Vehículos Eléctricos situadas en el aparcamiento del Polideportivo de Santa Brígida, que pasarán a ser gestionadas por la Sociedad Municipal de Deportes. Esta cesión permitirá poner en funcionamiento los puntos de recarga ya instalados y permitirá a los vecinos/as y usuarios/as del polideportivo la recarga de sus vehículos dentro de la Red Insular de Estaciones de Recarga. La ubicación dispone de la infraestructura eléctrica y el espacio necesarios.

En el capítulo de asuntos de urgencia, se aprobó la resolución del contrato con la UTE Polideportivo Santa Brígida TMR-TROP, adjudicataria de las obras de mejora en las instalaciones deportivas anexas al Polideportivo de Los Olivos. Desde la firma del contrato en enero de 2023, el proyecto ha enfrentado múltiples dificultades técnicas, como la aparición de elementos no previstos en el terreno y la necesidad de modificar instalaciones básicas de saneamiento y electricidad. Tras solicitar la empresa la rescisión del contrato, el Ayuntamiento procederá a la devolución de la garantía y a la resolución del contrato. Paralelamente, ya se trabaja en nuevos pliegos administrativos para reactivar el proyecto que es subvencionado, al 50% por el Instituto Insular de Deportes.

Dentro de la actividad de control, el Partido Popular presentó en sesión plenaria una moción centrada en el impulso del emprendimiento juvenil. La moción incluía tres propuestas concretas: la implantación del “Cheque Emprendedor Joven”, la iniciativa “Local 0” y el desarrollo del plan “Remárcate Canarias”. El portavoz del Grupo Popular, Martín Sosa, defendió la propuesta argumentando que estas medidas buscan crear un entorno favorable para que los jóvenes puedan iniciar proyectos empresariales con mayor facilidad, y explicó que el Cheque Emprendedor Joven está concebido como una ayuda económica directa destinada a cubrir los primeros gastos derivados del inicio de una actividad emprendedora; la iniciativa Local 0 propone habilitar espacios, sin coste inicial, a jóvenes emprendedores que deseen iniciar su actividad comercial o profesional, así como  el plan Remárcate Canarias está orientado a ofrecer asesoramiento personalizado, mentoría y acciones de promoción del talento joven. Martín Sosa subrayó durante su intervención que la propuesta responde a una necesidad urgente de apoyar a la juventud en un contexto económico desafiante, y que el municipio debe adoptar un papel activo como facilitador de oportunidades.

La edil de Comercio, Carmen Juez, manifestó su disconformidad asegurando que “en Santa Brígida ya existe cuota cero en la licencia de apertura de los negocios” y alertó de que “las ayudas al alquiler podrían influir negativamente en los precios del mercado”. En cuanto al cheque emprendedor para jóvenes, recordó que “este Ayuntamiento no dispone de los recursos necesarios, pero estamos abiertos a recibir financiación de la Consejería de Economía del Gobierno de Canarias para apoyar a los emprendedores del municipio”. Añadió que el Ayuntamiento está desarrollando acciones a medio y largo plazo para fomentar el emprendimiento “tanto de jóvenes como de personas mayores”, y como primera medida “hemos mantenido reuniones con la asociación empresarios del municipio y comerciantes a título individual, para conocer sus necesidades y propuestas, ya que consideramos fundamental escucharles antes de tomar decisiones que les afecten”.

Otra moción del Partido Popular solicitaba endurecer las medidas contra la ocupación ilegal de viviendas, defendiendo los derechos de los propietarios y planteando desalojos en 24 horas, además de impedimento de empadronamientos, ya que este trámite suele ser utilizado por los ocupas como una vía para retrasar los procesos judiciales y dificultar el desalojo, y mayor protección de la propiedad privada. La moción fue defendida como una medida en favor de los vecinos y vecinas y de la convivencia pacífica.

El alcalde, José Armengol, manifestó su rechazo a la moción por presentar la ocupación ilegal “como un fenómeno exclusivamente delictivo, sin considerar sus causas sociales y estructurales”, y criticó su enfoque punitivo, al no distinguir “entre la usurpación sin violencia —una cuestión de índole administrativa o civil— y el allanamiento con violencia, que constituye un delito penal”. Recordó también que “la Ley de Enjuiciamiento Civil ya contempla mecanismos para el desalojo legal de ocupantes sin título, especialmente desde la aprobación de la Ley 5/2018 impulsada por el propio Partido Popular. En lugar de fomentar el alarmismo y endurecer el Código Penal”, prosiguió, “lo que necesitamos es reforzar las políticas públicas de vivienda, ampliar el parque habitacional, frenar la especulación inmobiliaria y garantizar procesos judiciales justos”.

En términos similares se pronunció el portavoz del PSOE, Carlos Carrión, quien manifestó su “preocupación por la posibilidad de que las medidas propuestas vulneren la presunción de inocencia”. Añadió que, en muchos casos, las personas que ocupan viviendas lo hacen por falta de recursos, por lo que “la respuesta institucional debe tener también una dimensión social”. La portavoz de Unidos por Gran Canaria, Puri Amador, insistió en “la necesidad de buscar soluciones habitacionales dignas que garanticen tanto la protección de los propietarios como la atención a la situación de vulnerabilidad de los ocupantes”. En esta línea se expresó también el portavoz de Plataforma Vecinal, Armando Umpiérrez. Por su parte, el edil Aridane Herrera (Vox) propuso estudiar la implantación de “bonificaciones fiscales o ayudas específicas para los propietarios afectados, atendiendo tanto a su nivel de ingresos como a los perjuicios sufridos a raíz de la ocupación”. La moción fue finalmente rechazada por mayoría: 4 votos a favor (Grupo Popular), 2 abstenciones (Vox y PVSB), y 9 votos en contra (Grupo de Gobierno).

Finalmente, los ediles del PP, PVSB y Vox formularon diversas intervenciones en el turno de ruegos y preguntas, centradas en asuntos de interés local. En particular,  el concejal de Vox, Aridane Herrera, solicitó información sobre el muro en Las Goteras, cuyo derrumbe ocurrió el pasado 28 de diciembre. El alcalde explicó que el Ayuntamiento está a la espera de los informes técnicos del servicio jurídico de Carretera del Cabildo respecto a la cuestión de seguros, lo que determinará los pasos legales y administrativos a seguir.

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